El día en que conocimos la imputación de Rodríguez Zapatero no fue infrecuente que varios comentaristas de opinión y correligionarios pusieran la mano en el fuego para “apoyarle sin fisuras”. Esta fue la expresión del presidente Sánchez desde la primera sesión parlamentaria en la que manifestó todo su apoyo a un expresidente que, según recordó, había impulsado medidas sociales sin precedentes, nos había sacado de una guerra ilegal, había acabado con ETA, etcétera. Durante unos años, en efecto, fuentes afines al gobierno de la nación han enfatizado la enorme trascendencia de las dos legislaturas de Zapatero, y lo han aclamado como un símbolo de ejemplar progresismo, la estrella imprescindible en toda campaña autonómica, una figura capaz de movilizar a los votantes a las urnas, quien dejó un legado memorable de buen gobierno.
Vaya por delante que no deseo el hundimiento personal de
Zapatero, y que considero que la presunción de inocencia es condición esencial
de toda democracia; no existe el derecho a linchamiento, ni siquiera mediático.
Pero esta entronización previa del expresidente como gurú del talante siempre
me ha parecido desproporcionada, cuando no fraudulenta. Zapatero accedió al
poder en 2004, cuando ninguna encuesta le daba la victoria, en circunstancias
trágicas desencadenadas por el primer y más pavoroso atentado islamista perpetrado
en nuestro país, tras orquestar una movilización ciudadana contra el gobierno
de Aznar durante la jornada de reflexión (por cierto, todavía hoy pervive un relato que responsabiliza más a Aznar del 11M que a los terroristas, de los que
solo quedan tres en prisión). Luego, en 2008, Zapatero se aseguró un segundo
mandato tranquilizando a la ciudadanía sobre la amenaza de crisis y negando la
recesión, pues España jugaba “en la Champions League de las economías
mundiales”.
Pero, como suele pasar, los datos no perdonan: en 2004 había
2,1 millones de parados, y en 2011, cuando Zapatero fue desalojado, eran 5,2
millones; la tasa de desempleo subió del 11,38 % al 22,85 %. Su mandato acabó
con un déficit del 9,4 % del PIB, cuando lo había tomado en un 0,14 %. La deuda
pública pasó de 389.142 millones a 743.043. El gasto público se disparó como si
no hubiese un mañana, pero las Administraciones no pagaban las facturas a los
autónomos y pymes; se congelaron las pensiones contributivas; se retrasó la
edad de jubilación; se creó un déficit de tarifa eléctrica de más de 24.000
millones de euros; se procedió al rescate del sistema financiero con los
recursos de todos, etcétera.
No parece, pues, que el zapaterismo fuera precisamente una
época de esplendor de nuestra historia. Pero hay un aspecto que, en mi opinión,
supera en gravedad a la destrucción de vivienda, los miles de desahucios, el 50
% de paro juvenil, o los millones de damnificados por una crisis que, aunque no
fuera exclusiva de España, afectó de lleno a nuestro politizado sistema
financiero. Me refiero a la contribución de Zapatero para volver a las heridas
de la guerra civil, a la polarización de las dos Españas. Quien predicara la
alianza de civilizaciones trabajó en firme para deshacer el consenso de la
transición y levantar ese muro que tan bien ha desarrollado su ilustre sucesor
Sánchez. Y esto me parece especialmente grave, más incluso que los millones que
ahora se haya (presuntamente) embolsado. Porque una sociedad unida y cohesionada
(que no uniforme) puede revertir las peores crisis cuando trabaja con un
objetivo común; pero, en una sociedad enfrentada, la sangre siempre llama a la
sangre.
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