Es natural que a los ciudadanos honrados nos repugne tanto la corrupción. Si algo caracteriza las democracias occidentales es que resultan bastante caras al bolsillo del contribuyente, y ya que pagamos tantos impuestos para que las instituciones funcionen y nuestros representantes nos representen, es escandaloso que algunos listillos aprovechen la confianza que hemos depositado en ellos, o en quienes los han nombrado, para enriquecerse a nuestra costa. Pero el ser humano sigue teniendo su lado oscuro, y lo que es peor, en no pocas ocasiones sigue dejándose arrastrar por este. Por eso, me atrevo a proponer unas pocas medidas que espero ayuden a gobernantes en su sincera lucha para erradicar la corrupción.
La primera, si alguna persona cercana al partido en el poder
(incluyendo cercanía íntima) es acusada de corrupción, la primera medida debe
ser demostrar que tales acusaciones son infames bulos o fakes de la rivalidad
opositora o de la prensa sensacionalista (valga la redundancia). Cuando digo demostrar no me refiero, por supuesto, en
sentido jurídico literal, sino a gritar más alto que los adversarios,
recurriendo a los medios afines, sean públicos o privados.
Dado este primer paso, si no se consigue disuadir al juez
instructor, puede ser momento de examinar el historial del susodicho, para buscar
posibles fisuras que delaten parcialidad. Todos somos humanos, incluso los
jueces, y seguro que se le puede encontrar al menos algún cuñado de oscuro
pasado o de sospechosa militancia. En caso negativo, es el momento de esgrimir
indignación contra el llamado lawfare,
o utilización partidista de la ley, y acaso anticipar una posible
prevaricación.
Una tercera medida puede ser el telefonazo al ministerio
fiscal, para que recurra el auto de instrucción y ejerza su influencia para
paralizar la investigación, pues es obvio que esta no viene a cuento. Este paso
puede venir opcionalmente acompañado por una declaración de los miembros del gabinete
ministerial en la que, desde sus tribunas, defiendan fehacientemente la
inocencia de la persona acusada. Reviste especial importancia que el mismo
ministro de Justicia ponga en duda la competencia del juez en cuestión.
Si no han funcionado las medidas anteriores, podría ser que
el procedimiento judicial siguiera su curso y, en su caso, que se dictara
condena al acusado/a. Pero, por favor, si es usted gobernante no desespere; todavía
hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, si consigue tener un puñado de
amigos fieles que formen piña en el Tribunal Constitucional, capaces de ganar siempre
por siete goles a cuatro, se podrá revertir cualquier condena basándose en la
interpretación de alguna frase de nuestra Carta Magna en la que hasta ahora nadie
había reparado.
Finalmente, si nada de lo anterior ha funcionado, un buen
gobernante que quiera erradicar la corrupción tiene otros dos recursos
infalibles: o bien ofrecer magnánimamente un indulto a las personas condenadas,
y así rehabilitarlas en público; o bien promover con toda la maquinaria
legislativa que se apruebe una ley de amnistía. Mi último consejo, en este
caso, es que revisen bien el texto de la ley; luego pueden venir los
(endiablados) jueces y aplicarlo literalmente, y acaso dejar a alguno entre
rejas. Y es que, como dijo el poeta, la prisión solo debería ser para los de
siempre.
Aparecido en La Rioja, 26 julio 2024
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