La noticia nos llegó el pasado Viernes Santo. Dos empresarios cántabros, dedicados al benemérito negocio de la promoción inmobiliaria y con antecedentes de denuncias por estafa, fueron acusados de instigar el asesinato de un hombre, y el juez decretó su ingreso en el penal de El Dueso. Cuando van a ser cacheados, ambos sujetos, barbudos y de pelo en pecho, declaran que son mujeres de tendencia sexual lésbica (viven con sus respectivas esposas), y enseñan sus DNI acreditando el sexo femenino. Por consiguiente, los alucinados funcionarios tienen que desistir de enviarles al pabellón masculino, y optan por el mixto, al parecer la “zona vip” del penal, según el periodista José Carlos Rojo.
Si hubiera leído la noticia tres días más tarde, el 1 de
abril, que equivale al Día de los Inocentes en el ámbito anglosajón, habría creído
que la prensa estaba delatando la inculturación de ultramar y nos estaba
tomando sanamente el pelo. Pero me temo que esto va en serio. Y aunque los
medios que contaban la anécdota la planteaban como rocambolesca y estrafalaria,
la presunta estratagema de sendas reclusas cántabras parece una picaresca que
la ley en cuestión pone al alcance de la mano. Es decir, no es el primer caso
ni será el último.
Y ahora viene la perogrullada: si una ley favorece a los
delincuentes y aprovechados, es que está mal hecha. No sé a vosotros, pera a mí
a veces me flaquea la confianza en nuestro órgano legislador, en esas cámaras
altas y bajas cuyos integrantes, representantes de la soberanía popular, se
dedican a insultarse con saña, a lanzarse puñaladas que subrayan que el otro es
el enemigo mortal y, en los momentos de tregua, a aprobar leyes sin consenso ni
suficiente asesoramiento, las más chapuceras de las cuales conllevan, por
ejemplo, que se reduzca la pena a un violador, que se amnistíe a un secesionista
sin el menor propósito de enmienda, o que una mafia pueda okupar propiedad privada. (Hoy no hablaré de la quiebra de la
separación de poderes cuando el ejecutivo legisla a golpe de decreto-ley, o
cuando los partidos nombran a los miembros de los órganos judiciales según las
mayorías parlamentarias).
Las leyes son las que ordenan nuestra convivencia, y son
algo muy serio. Su improvisación y chapucería trae como resultado que
mangantes, pícaros y malhechores se refugien entre las rendijas de sus muchos
vacíos, resultado de la incompetencia o de la interesada parcialidad. El caso
de las reclusas de pelo en pecho es una previsible consecuencia de dejar una
puerta abierta al fraude, no solo en el sistema penal, sino en muchos otros ámbitos
como las oposiciones, las subvenciones públicas, o el deporte femenino, por citar
unos pocos.
Aunque toda persona de buena voluntad intente mirar con apertura
los nuevos desarrollos sociales esperando que beneficien cada vez a más
personas, llega un punto en que la realidad se torna surrealista y supera la
más disparatada reductio ad absurdum.
Y lo peor es que estas situaciones no ayudan a las personas que verdaderamente
necesitan el amparo legal, psicológico y emocional para su disforia de género.
Ni tampoco ayuda, por supuesto, a la larga lucha de la mujer por la plena
igualdad.
Aparecido en La Rioja, 4 abril 2024
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