El veto a Alicia Rubio

­­
Transcribo, con ligeras modificaciones, la tribuna que apareció en el Diario Montañés del 28 de febrero, con el título de "El veto a Alicia Rubio (y a los que vengan)"

Tengo muy a gala el amor por la libertad; me gusta que me dejen ser como soy y que respeten mi individualidad. Precisamente por eso me alarma enterarme de sucesos recientes en los que ciertos colectivos “libertarios” ejercen de inquisidores contra el disidente y de impulsores de la censura preventiva. 

En esta ocasión me centraré a la mordaza que casi treinta colectivos lograron imponer sobre la conferenciante Alicia Rubio intimidando al Ateneo de Santander (supuestamente un foro de libertad) [Leer noticia]. Al grito de “homófoba” han conseguido hacer a esta profesora de instituto un colosal “bullying”, y amenazan con promover medidas coercitivas a cualquiera que ose seguir sus pasos en el futuro.

Ni conozco a la Sra. Rubio ni he leído su polémico libro (y, por tanto, no estoy en condiciones de valorar sus ideas), pero me espanta que se vete a un ponente en un foro ciudadano aplicando el principio de presunción de culpabilidad. ¿Cómo se puede amordazar a alguien, en una democracia, alegando que su conferencia aún no pronunciada es a priori reprobable?

          Tengo bien claro que la identidad sexual de cada uno/a es materia de respeto y nunca puede ser objeto de discriminación. Me parece muy legítimo que el colectivo LGTB luche por sus convicciones y derechos. Pero ahora sus activistas más influyentes ha traspasado una frontera y se encaminan a imponer la aquiescencia universal a unas doctrinas muy opinables (en el mejor de los casos) por vía coercitiva, sea jurídica o fáctica.

La discrepancia ideológica es la esencia de la salud democrática de un pueblo. No todo el mundo considera aconsejable que se imparta en las aulas la doctrina de que el sexo no es biológico sino cultural, o a que un menor de edad decida cambiar de sexo sin que los padres puedan opinar. Pero nuestros colectivos “libertarios” utilizan una insidiosa estrategia: a quien discrepe de estos u otros postulados se le tilda de “homófobo”, “tránsfobo” o similares, y entonces, así descalificado, privado de dignidad y de su derecho constitucional a la libre expresión, se le hace merecedor de las penas de la aniquilación.

          Pero, ¿es Alicia Rubio (y los que vengan) “homófoba” de verdad?  Yo puedo respetar a un fumador y esto no significa que esté de acuerdo con sus hábitos de vida. Yo puedo respetar al creyente de una determinada fe sin admitir que sus creencias sean verdad. Si llega el momento de expresar mi opinión, ¿estoy incurriendo en un delito de odio si valoro negativamente el hábito del fumador, o los dogmas del creyente? Calificar a la discrepancia ideológica como “delito de odio” es un recurso espeluznante de todas las dictaduras totalitarias.

          En vez de ejercer toda su fuerza política y mediática (que ahora es apabullante) para imponer la mordaza, los miembros de los colectivos implicados deberían haber acudido a la conferencia de Alicia Rubio, tranquilamente, y en la ronda de preguntas podrían haber planteado sus objeciones con serenidad, y haber mantenido un debate intelectual y ciudadano. ¿Acaso tienen miedo de que las leyes coercitivas de género se debatan en foros públicos? Quizá si se hablara más de ellas la ciudadanía se informaría mejor, conocería sus puntos conflictivos y podría opinar. Pero no, ahora quien discrepe es un “ultraderechista” digno de desprecio. Siempre es más fácil formar turba y quemar al hereje. A veces parece que no hemos aprendido mucho en cuarenta años de democracia.